El Soberano

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miércoles, 26 de marzo de 2014

"CIDH sobre las medidas cautelares aún no llega al país"

la notificación de la CIDH sobre las medidas cautelares aún no llega al país

Correa: “Indultar a alguien que se jacta de su delito es impunidad”

El Primer Mandatario rechazó el fallo del organismo de derechos humanos, ya que este no tendría las atribuciones necesarias. Cléver Jiménez sigue prófugo de la justicia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está conformada por siete vocales, quienes son elegidos por los estados de la OEA. FOTO: CORTESÍA CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está conformada por siete vocales, quienes son elegidos por los estados de la OEA. FOTO: CORTESÍA CIDH
El presidente de la República, Rafael Correa, descartó ayer alguna posibilidad de indulto para el asambleísta Cléver Jiménez, tras señalar que de hacerlo se dejaría el caso en la impunidad.
Este pronunciamiento lo formuló anoche en el conversatorio con medios de Guayaquil. “No soy una persona rencorosa pero sí apasionada por la verdad e indultar a alguien que se jacta de su maldad, de su delito, que quiere hacer parecer a la víctima como victimario, eso tiene un nombre: impunidad”, afirmó.
Rechazó la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares a favor de Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa, condenados a prisión por injurias.
La CIDH “por ningún lado tiene atribuciones para dictar medidas cautelares a favor de Cléver Jiménez, pero si las tuviera, es el colmo que trate de revertir la sentencia ejecutoriada de un país soberano”, sostuvo el Jefe de Estado.
Autoridades ecuatorianas rechazaron la decisión del organismo de derechos humanos, que basó su fallo en el artículo 25 de su reglamento interno. Los comisionados consideraron que el caso reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad y solicitaron a Ecuador suspender los efectos de la decisión emitida el 14 de enero por el Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Carlos Ramírez, presidente de la CNJ, manifestó que la CIDH “no es un organismo jurisdiccional, es un comité consultivo y sus pronunciamientos no son vinculantes y no tienen fuerza coercitiva”.
Puntualizó que como titular de la Corte Nacional de Justicia, debe velar por el respeto a los fallos y sentencias de las salas especializadas y de la Función Judicial ecuatoriana. Según él, los pronunciamientos de la CIDH no pueden interferir sobre las decisiones, sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales de las altas cortes del país.
Mientras que el procurador General del Estado, Diego García, consideró la decisión como “arbitraria” porque no tiene soporte en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que es el instrumento ratificado por Ecuador y allí no constan las medidas cautelares.
En casos de urgencia, añadió García, la única posibilidad para otorgar medidas provisionales es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
A esta declaración se sumó la del canciller Ricardo Patiño. “Volvemos a reiterar: la CIDH no tiene competencia para solicitar medidas cautelares. Ver artículo 18 de su estatuto. Lo demás es politizar derechos humanos”, escribió en su cuenta de Twitter.
Ese artículo se refiere a las atribuciones del organismo, entre ellas “formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, dentro del marco de sus legislaciones, de sus preceptos constitucionales y de sus compromisos internacionales”.
El fallo está firmado por el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza. Su presidente es el también mexicano José de Jesús Orozco y lo conforman Tracy Robinson (Jamaica), Rosa María Ortiz (Paraguay), Felipe González (Chile), Rose-Marie Belle Antoine (con doble nacionalidad de Santa Lucía y Trinidad y Tobago), Paulo Vannuchi (Brasil) y James Cavallaro (Estados Unidos).
Dirigentes del movimiento Pachakutik, al que pertenece Cléver Jiménez, manifestaron su inconformidad por la negativa del Estado a acoger las medidas cautelares y ratificaron que el asambleísta no dará disculpas públicas.
Julio César Sarango, abogado de Jiménez, pidió que se cumpla el fallo de la CIDH y se derogue la boleta de captura emitida el pasado viernes.
El ministro del Interior, José Serrano, señaló que el legislador ya cuenta con difusión roja y alertas a la Interpol para su apresamiento.

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